El secretario de Gobernación resalta iniciativa enviada por EPN; trabajan por justicia social y prosperidad, afirma Miguel Osorio

Año y medio después de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los resultados para prevenir la pobreza y marginación de los más pequeños en todo el país resultan favorables, aunque ello no significa una tarea acabada, asumió el secretario de Gobernación, Miguel Osorio.

El encargado de la política interna del país destacó durante su participación en el Foro Interamericano de Sistemas Nacionales de Protección para los Menores, que el Presidente Enrique Peña promoviera como su única Iniciativa Preferente en los tres primeros años de Gobierno la creación de esta plataforma para las 32 entidades del país como un compromiso con el futuro de México.

“El Presidente Enrique Peña llevó la iniciativa, la más alta importancia para el Gobierno de la República, ante el Congreso federal. Fue aprobada por unanimidad de todos los integrantes del Congreso de la Unión en nuestro país. Así cambió el enfoque para este grupo de población que estuvo ausente de las políticas públicas, de los presupuestos, de las leyes y de los mecanismos de planeación”, acotó.

Una vez que comenzó a operar desde diciembre de 2015, el Sistema a nivel nacional cuenta ya con 32 Sistemas locales, 400 Sistemas municipales y la creación de una Procuraduría Federal de Protección.

Cada una de las instituciones que los conforman, como la Segob, el DIF y las 32 Procuradurías estatales, tienen por objeto el hacer valer en coordinación con los diferentes órdenes y niveles de Gobierno los derechos de los menores en todos los escenarios posibles, garantizarles el acceso a al sistema de justicia y, en caso de ser originarios de otro país, ofrecerles ayuda humanitaria reconociendo su estancia legal en nuestro país para reincorporarlos con sus familias.

Tal énfasis en el modelo de atención a los menores debe ser extrapolado a América Latina, expuso Osorio ante representantes de diversas entidades de la República así como de Centro y Sudamérica, más aún ante las políticas antiinmigrantes de EU.

“El reto fundamental que tenemos como región en materia de derechos de la infancia y adolescencia es traducir las leyes, los acuerdos internacionales y las políticas públicas en resultados concretos. Es ya un imperativo. Aquí en México tenemos definidas nuestras acciones programáticas, estamos trabajando para avanzar con mayor prontitud en (...) que los sueños y anhelos de las niños y adolescentes sean y se concreten a la brevedad posible”, señaló.