De 560 niños, niñas y adolescentes institucionalizados por el DIF estatal, 268 no han sido adoptados desde hace cinco años, por causa de su edad, porque se trata de grupos de hermanos y porque presentan alguna discapacidad física o mental, esto a pesar que se su situación jurídica ya está resuelta.

Juan Pablo Rangel, director del DIF estatal, informó que por ello trabajan en un análisis para transmitir oportunamente a la ciudadanía la posibilidad de que conozcan esos casos y las adopciones se den a pesar de las condiciones de edad o salud que presentan los niños y niñas.

De los 268 casos, 114 son niñas, niños y adolescentes con más de nueve años de edad, que físicamente se encuentran sanos, después están los grupos de hermanos, desde dos hasta cinco, que al tener un vínculo no se pueden separar, por ello, quien quisiera adoptar, tendría que llevárselos juntos.

El número restante, son alrededor de 70 niñas, niños y adolescentes que presentan una discapacidad física o mental; todos ellos no han encontrado un hogar en por lo menos cinco años, lo que representa casi el 50 por ciento de los niños institucionalizados.

“Cuando decimos, el DIF tiene 560 niños institucionalizados, todo mundo pensaría, y los 560 se pueden ir en adopción, la respuesta en este momento sería no, no se pueden ir en adopción, 268 que ya están, no se pueden ir, tienen las características legales, pero no las físicas”, refirió.

Además dijo que trabajan en el aspecto psicológico, pues para los menores no es tan fácil llegar con una expectativa de adopción y finalmente no se pueda dar, para ellos representa un golpe psicológico fuerte.

“Ya pusimos el tema en la mesa como una necesidad y nos estamos haciendo llegar de todos los especialistas las consideraciones que debemos de tener alrededor de esta campaña, calculó que por marzo o abril habríamos terminado este análisis, porque no queremos hacer algo bueno que después vaya a traer incidencias en la vida de estos niños que ya de por sí, presentan una condición desfavorable”, enfatizó.

Agregó que el promedio para resolver su situación jurídica es de entre un año y un año y medio, para que se pueda definir si reingresan a sus familias, si pueden irse con un familiar o si quedan en manos del DIF estatal.