Los niños y adolescentes en el país enfrentan carencias de seguridad social y acceso a la alimentación, pero se acentúan en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde los menores de una familia con padres jóvenes, bajo nivel educativo, con jefatura de familia femenina o si es de un hogar rural o indígena tienen más probabilidad de enfrentar esta y otras condiciones.
Ante este escenario tan desolador, es fundamental la inversión en la infancia, ya que puede prevenir problemas como delincuencia juvenil, embarazos en adolescentes y violencia. En el país uno de cada tres mexicanos es niño o adolescente, y dentro de ese sector poblacional los que sufren mayor pobreza radican en esas entidades.
En el contexto de austeridad se debe asegurar que en el gasto social esté presente el interés superior de la niñez, lo que se logra ampliando servicios y que los niños ejerzan sus derechos sociales, así como el que las familias eleven sus ingresos.
De otra forma no habrá reducción en la pobreza, ya que este problema puede provocar mortalidad infantil por enfermedades prevenibles, los primeros cinco años de vida son claves en crecimiento físico e intelectual, lo que se haga o se deje de hacer tendrá impacto para siempre.
Según estimaciones de UNICEF, ampliar la escala de dichas intervenciones requiere recursos moderados. Por ejemplo, destinar a la vacunación una suma adicional relativamente pequeña podría salvar hasta 1 millón de vidas infantiles, e invertir unos pocos miles de dólares adicionales en cada niño permitiría que complete su educación básica a la edad de 13 años.
Invertir recursos financieros para ayudar a que los niños sobrevivan y desarrollen plenamente su potencial es, ante todo, un imperativo moral. Pero invertir en la niñez también es importante desde el punto de vista práctico, pues redunda en beneficio de las economías y las sociedades. Teniendo en cuenta que en la primera infancia se sientan las bases de la salud y el bienestar del individuo, el momento más oportuno para romper el ciclo de la pobreza.

Creciente deterioro

Desde la década de los 80’s de forma ininterrumpida se ha presentado una impresionante caída del poder adquisitivo y esto afecta negativamente las posibilidades que tiene la población mexicana de acceder a una buena calidad de vida, población que tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder combatir esas bajas salariales.
Actualmente se debe trabajar jornadas más largas, actividades con pésimas condiciones laborales, obtener más de un empleo, trabajar en la informalidad e incorporar al trabajo a tantos miembros de la familia como les sea posible, para poder alcanzar mejores condiciones de ingresos. Todo lo anterior paulatinamente va deteriorando la vida cotidiana de las clases trabajadoras y el problema se extiende ya a varias generaciones de mexicanos y mexicanas que han crecido sin conocer otro panorama que la explotación del trabajo.
Siete de cada diez mexicanos (73.7 por ciento) afirman que la situación económica del país se deterioró mucho o poco durante los últimos 12 meses, mientras seis de cada diez (64.7 por ciento) advierten que las condiciones estarán todavía peor al finalizar el actual sexenio, en noviembre de 2018.
En Oaxaca como en otras entidades del país, la falta de inversiones y empleos permanentes y bien remunerados es una realidad, como también lo es la desigualdad y la pobreza. Por lo tanto, se debe considerar seriamente un cambio de las políticas económicas y sociales hasta ahora aplicadas. Se requiere de reformas económicas más de fondo que impulsen la demanda de trabajo y con ello incrementar empleos mejor remunerados, que beneficien a los individuos de los grupos bajos, con lo que podría reducirse el desempleo, la desigualdad y la pobreza, que ha flagelado a la mayoría de la población de México.
Una realidad de las crisis de la economía mexicana que generan grandes masas de desempleados contrasta con las estadísticas, que muestran cómo en la segunda parte de la década el desempleo se atenúa; sin embargo, el salario continúa disminuyendo.