Con motivo de cumplirse 7 años de la implementación de un programa para la realización de abortos en México DF, el instituto TAD (Think-Action-Development) formuló un balance de esta política pública y señaló sus notables problemas, reclamando un cambio profundo.

1) El elevado número de abortos: según informó TAD, por cada 1.5 nacimientos ocurren 1.2 abortos en el Distrito Federal. Las cifras son alarmantes. Tan sólo en el 2009, el INEGI reportó 153,237 nacimientos en el Distrito Federal mientras que El Colegio de México y Guttmacher Institute afirmaron que durante este mismo año ocurrieron 122,455 abortos.

2) El aborto, la alternativa de un Estado claudicante: para TAD, no puede haber libre elección cuando la única opción es abortar. Los expertos mexicanos denuncian que “son muchas las deudas que tiene el Estado con la maternidad en desamparo. Sin el apoyo de la pareja, la familia o el Estado, el aborto pareciera ‘la alternativa’ para una mujer en el DF”.

Ingrid Tapia, especialista de TAD afirma: “Sin apoyo y embarazada, la mujer busca opciones que puedan ayudarle a enfrentar la maternidad. Desafortunadamente, y después de un calvario burocrático de desinformación, malos tratos, procesos largos y un sinfín de obstáculos propios de un Estado que no considera a la mujer embarazada como un sector relevante, muchas de ellas toman decisiones desesperadas que luego lamentan”.

Tapia señala: “Hace siete años, el gobierno local asumió que despenalizar el aborto disminuiría drásticamente la práctica clandestina y, en consecuencia, la mortalidad materna. Por supuesto, esto no ha sucedido. Las muertes maternas continúan y nadie sabe a ciencia cierta cuántos abortos ocurren y en qué condiciones, pues no se eliminó la clandestinidad”.

3) El programa de aborto en el DF es una política pública nociva: para TAD, el programa de abortos conocido como ILE que se puso en marcha desde hace siete años en el DF, ha dado lugar a que algunos legisladores locales han impulsado iniciativas para crear programas paralelos de apoyo psicológico para mujeres que han abortado. La pregunta lógica sería ¿por qué se promueve una política pública (ILE) que daña a sus usuarios?

TAD se pregunta para qué considerar la creación de programas de acompañamiento que traten las posibles secuelas. Y continúa: si la práctica del aborto resulta nociva ¿cuáles son los beneficios que lo justifican como política pública? ¿cuál es la problemática que resuelve un programa como el ILE? Hasta la fecha, no existen indicadores que permitan medir sus resultados ni dar un seguimiento riguroso. Más bien es un programa que nace “encajado” entre el debate público y el discurso ideológico que “en el camino”, busca su razón de ser.

Para TAD, en el DF, como en muchas otras ciudades, este tipo de programas no pasan el filtro de una evaluación seria. Su diseño no contempla objetivos concretos a alcanzar, salvo el de ampliar su cobertura y que “todas las mujeres tengan acceso al aborto”. La pregunta de fondo es entonces, ¿por qué tendríamos que ampliar un programa que puede generar problemas psicológicos? ¿no se deberían utilizar estos recursos para atender las problemáticas que subyacen al aborto (violencia familiar y social, desamparo moral y económico, falta de oportunidades laborales, machismo, deficiente educación sexual, entre otras)?

TAD se lamenta porque parece lejano un debate serio y no ideológico sobre el aborto y el ILE. Por lo pronto, y desde la óptica de la política pública, no hay argumentos suficientes para seguir destinando recursos a un programa como este.