También discutirá ocho controversias constitucionales

La prohibición absoluta a las personas unidas en sociedad de convivencia para realizar adopciones o compartir la patria potestad y la guardia o custodia de menores en Campeche, será uno de los temas relevantes que discutirá el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este segundo periodo de sesiones.

Mientras que en salas está en puerta el análisis a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, el tema de la contabilidad electrónica, las prácticas monopólicas que se aducen que existe en el transporte de gasolina, la información de operaciones relevantes al SAT o la deducción de operaciones inexistentes en términos del artículo 69 B de

Código Fiscal de la Federación.

El presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar Morales, dijo que también se prevé estudiar la validez del nuevo sistema de inanciamiento de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz.

Al dar inicio al segundo periodo de sesiones, Aguilar Morales mencionó que la Corte tiene en puerta la discusión de diversos incidentes de inejecución de sentencia en los que se propone separar del cargo a diversos funcionarios de Morelos.

Asimismo, se verán probablemente ocho controversias constitucionales en las que se impugnan por la Federación y diversos municipios leyes educativas expedidas por los diversos estados.

“También, estarán a disposición

para su análisis y estudio 20 acciones de inconstitucionalidad en las que se controvierte la legislación electoral de los estados de Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, puntualizó el ministro.

Otros temas relevantes, explicó, son diversas acciones de inconstitucionalidad que implicarán ijar el ámbito competencial reservado a la Federación para regular en materia procesal penal, luego de que algunas legislaciones locales han realizado modiicaciones a sus leyes.

“Estarán también para posibilidad de análisis en este tribunal, amparos en revisión en los que se analiza la constitucionalidad

de las limitaciones establecidas por el Congreso a las deducciones de los gastos realizados por los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta respecto de sus trabajadores”, añadió.

Luis María Aguilar subrayó que es probable que también se analicen múltiples contradicciones de tesis que permitirán continuar precisando el alcance de la Ley de Amparo, vigente a partir de 2013.