En México, grupos de ciudadanos y la Fundación por el Derecho a Morir con Dignidad promueven la aprobación legal de la eutanasia y el suicidio asistido para evitar que enfermos con dolor crónico, desahuciados y en fase terminal sean sometidos a tratamientos médicos innecesarios que solo prolongan la agonía y, por tanto, el sufrimiento.

Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de la fundación, explicó que a partir del 29 de octubre arrancará el debate con conferencias y exposiciones en el Museo Memoria y Tolerancia, con el objetivo de lograr reformas a la legislación mexicana para que una persona en fase terminal y que sufre males incurables tenga el derecho a acabar con su vida.

Las opciones son la eutanasia, que consiste en acelerar la muerte de un paciente desahuciado mediante una inyección letal, y el suicidio asistido, que significa proporcionar, con conocimiento informado, los medios para poner final a su vida con prescripción y asesoramiento médico sobre dosis letales de medicamentos.

El proyecto es avalado por un consejo de asesores integrado por abogados, médicos, especialistas en bioética, artistas e intelectuales, como Soledad Loaeza, María Luisa Aspe Armella, Javier Quijano y Bernardo Barranco, entre otros, quienes participarán en los foros abiertos.

En el país, de acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 28 millones de mexicanos sufren dolor crónico por padecer enfermedades como cáncer, lo que genera un grave problema que impacta los sistemas de salud, los centros laborales y las familias.

La Ciudad de México es la única entidad que cuenta con la Ley de Voluntad Anticipada, que consiste en la decisión libre de una persona, en pleno uso de sus facultades mentales, para no ser sometida a tratamientos o procedimientos médicos que ya no cumplan el objetivo de curación en el caso de padecer una enfermedad en etapa terminal.

Informes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal proporcionados a MILENIO establecen que desde enero de 2008, cuando esa ley fue aprobada, hasta el 31 de agosto de 2015, 5 mil 711 personas se han suscrito a ella.

De ellas, 4 mil 744 han firmado ante notario público y 967 en hospitales. En este último caso, 21.3 por ciento de los formatos han sido firmados por el paciente en etapa terminal y 78.7 suscritos por el representante