Tribuna Libre.- La maternidad subrogada o la renta de útero genera dudas en la comunidad jurídica y de defensa de derechos humanos ya que esta práctica ha abierto las puertas a la explotación de mujeres con fines reproductivos (EMFR), la comercialización de bebés por encargo, tráfico de personas, además de la ruptura de la relación natural entre madre e hijo, de acuerdo con la experiencia documentada en India, Tailandia, Nigeria, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, entre otras naciones.

Así lo advierte el libro “Maternidad Subrogada. Explotación de Mujeres con fines reproductivos”, editado por la Cámara de Diputados y presentado hoy, que alerta que en México está creciendo una “industria” millonaria dedicada a la renta de vientres maternos, para “colocar” bebés con parejas que buscan una madre gestante sustituta, pero con un cúmulo de complicaciones que dejan en la incertidumbre e inseguridad jurídica a todos los que participan en el proceso, pero sobre todo, a la mujer gestante y al bebé.

La trata de mujeres disfrazada de maternidad subrogada no sólo nos desafía sino que “debemos detener esta práctica dijo la diputada Leticia López Landero, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Persona, quien llamó “al presidente Enrique Peña Nieto, a los congresos, al Senado de la República, a los gobiernos estatales, a los medios de comunicación y empresarios a no ser partícipes de esta modalidad de explotación”.

Lamentó que en México las mujeres no estén protegidas y puedan venir extranjeros a cometer este delito, pues pese a que la Cámara de Diputados aprobó hace cuatro meses por unanimidad la Ley Federal de Trata que convierte en delito federal la trata de personas con fines reproductivo, ésta se mantiene en la “congeladora en el Senado de la República”.

“No se trata de protagonismos, se trata de humanidad. De nada sirve el trabajo legislativo que no es para el bien común”, dijo

En México, este tipo de práctica es legal sólo en los estados de Tabasco y Sinaloa, donde los costos que se ofrecen por el proceso son muy bajos en relación con otros países; situación que propicia que seamos uno de los destinos más visitados por extranjeros que buscan ser padres.

El Mtro. Mauricio Farah Gebara, Secretario General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, prologó el libro en el que señala que si bien la práctica de la maternidad subrogada inició con fines altruistas “se ha transformado hasta llegar a convertirse en un tema crítico donde abundan las dudas acerca de su pertinencia social, su procedencia ética, su carácter jurídico y la validez de su expansión”.

Ello fue explicado por los autores del libro, Marcelo Bartolini y Adrían Rodríguez, quienes agregaron que “la idea general se ha transformado en fuente de intereses económicos, de intentos de sometimiento, de interpretaciones legales múltiples y de conflictos de conciencia” agregó.

Maternidad subrogada, renta de útero, vientres de alquiler, son los conceptos que se usan ambiguamente, pues una década después el proceso que inicio con fines altruistas se “mercantiliza” y se han encontrado casos en donde el motivo no es ayudar a una pareja, sino que se encuentran redes de trata con fines de explotar a mujeres con fines reproductivos.

“Mientras una clínica cobra 37 mil dólares por un proceso de entregar a una pareja un bebé por contrato, a la mujer que renta su vientre le pagan 35 mil pesos, lo que muestra que esto es un negocio puro y llano” agregó Adrián Rodríguez.

En su oportunidad Rafael Estrada Michél, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, enfatizó que sólo una minoría de los contratos de alquiler de vientres son gratuitos, pues en el acto participan agencias de abogados que saben usar la legislación en materia de filiación, las propias clínicas de reproducción asistida en donde se gestionan este tipo de acuerdos, laboratorios, etceterá, por lo que consideró como un retroceso en la equidad de género la posibilidad de explotar a la mujer con fines reproductivos

En suma, estableció la abogada constitucionalista Ingrid Tapia, “las mujeres son usadas como cosas, como pie de cría como animales y al final se le deja desprotegidas y solas”, por lo que llamó al Senado de la República a debatir y aprobar la minuta de la Ley Federal de Trata.


El libro también expone diversos casos y precedentes jurídicos en países como Estados Unidos, Argentina, Colombia, Guatemala, Perú, Tailandia y Nigeria, en donde la explotación de mujeres con fines reproductivos violenta los derechos de la mujer y del menor en gestación, al reducirlos a meros objetos de comercio.