Muerte asistida. El primer caso legal en América Latina
sdpnoticias.com - Ricardo Chew

El pasado viernes 10 de Julio del 2015 es un día que siempre será recordado en América Latina, debido a que en Colombia se llevó a cabo la primera eutanasia legal en nuestro continente.

Ovidio González, un colombiano de 79 años aquejado de un cáncer terminal de boca que le causaba terribles dolores y le había desfigurado el rostro fue sometido a la primera eutanasia legal que se realiza en Colombia y también en América Latina, donde es un asunto que sigue siendo tabú en la mayor parte de los países.

Ningún otro país de América Latina ha llegado tan lejos en el derecho a una muerte digna, algo que contrasta con la liberalidad demostrada por algunos países de la región respecto a otros asuntos también polémicos como el aborto, el matrimonio homosexual y la despenalización de las drogas.

En Argentina está prohibida la eutanasia, así como el llamado "suicidio asistido", que se castiga como homicidio, pero desde 2012 está vigente la ley de "muerte digna" que garantiza el derecho de los enfermos terminales a rechazar cirugías, tratamientos médicos o de reanimación para prolongar su vida.

Esa ley fue aprobada a raíz del debate abierto por la madre de una bebé en estado vegetativo irreversible desde su nacimiento, quien pidió una muerte digna para su hija después de que los médicos se negasen a desconectar los aparatos que la mantenían viva.

En Brasil, la eutanasia tampoco es permitida y sólo se considera la "ortotanasia", avalada por el Consejo Federal de Medicina, que permite la suspensión del tratamiento o retirada de los equipos que mantengan los órganos en funcionamiento de un paciente desahuciado.

En México, gracias a una reforma a la Ley General de Salud aprobada en 2008, se permite lo mismo que en Argentina y Brasil.

Esa reforma llegó casi un año después de que la capital mexicana aprobara la Ley del Voluntad Anticipada o del "bien morir", que permite a enfermos terminales rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida.

En Perú no está permitida la eutanasia, pero el congresista Roberto Angulo, del grupo parlamentario Dignidad y Democracia, presentó en marzo pasado un proyecto de ley que despenaliza el homicidio piadoso y declara de necesidad pública la implementación de la eutanasia, sin que se haya votado hasta el momento.

En Uruguay la eutanasia es entendida como "ayuda al suicidio" y no es legal, pero es posible que un paciente decida no recibir un determinado tratamiento de salud en el caso de padecer alguna patología terminal, incurable e irreversible amparado por una ley específica.

En Bolivia, el código penal sanciona con una pena de uno a tres años de reclusión la eutanasia, calificada como "homicidio piadoso", aunque pueden considerarse atenuantes para bajar la condena o incluso puede concederse un perdón judicial.

En su Manifiesto, la Federación Mundial de Asociaciones para el Derecho a Morir proclama que todas las personas deben tener el derecho a morir "con dignidad, lo que significa en paz y sin sufrimiento", y que debe respetarse el deseo libremente expresado por un enfermo perfectamente informado de su estado de salud.

Sin importar su nacionalidad, profesión, creencias religiosas y opiniones política y éticas, los adultos que padecen grandes sufrimientos por enfermedades incurables deberían tener "varias opciones" al finalizar su vida, dice la ONG, formada actualmente por 51 asociaciones de 23 países.

El procedimiento aplicado a Ovidio González en un centro oncológico de Pereira (centro de Colombia) fue posible gracias a que desde abril pasado existe en Colombia un protocolo para la muerte asistida elaborado por el Ministerio de Salud por orden de la Corte Constitucional, que reglamentó el derecho a morir dignamente.

Según el protocolo, al enfermo que cumple con los requisitos para la muerte asistida se le aplica simplemente una potente sedación.

El caso ha dado la vuelta al mundo, ya que es la primera eutanasia legal realizada en América Latina, un bloque bastante conservador en el mundo que ahora tiene jurisprudencia para legislar con equidad en estos casos.

La muerte es inevitable y creo firmemente que debe dejarse que el individuo decida la forma y el momento de morir, siempre que ello no produzca a la sociedad más daño que la tristeza asociada a la muerte.

¿Y tú qué opinas?