Hasta el 2014 al menos 310 mujeres originarias de Morelos interrumpieron su embarazo en el Distrito Federal; mientras, en los últimos ocho años se registraron 14 mujeres que perdieron la vida en una interrupción clandestina. Aquellas que tienen recursos económicos acuden al Distrito Federal y otras con mas necesidades enfrentan este proceso de arriesgar su vida; ante este escenario, el diputado Prospero Arenas Melgar propuso establecer un plazo de 12 semanas de gestación para dejar de considerar la interrupción del embarazo como aborto en Morelos.

La iniciativa que seguramente tocará a la 53 legislatura aprobar o rechazar refiere que existen muchos argumentos positivos para autorizar este plazo en la ley, porque esto podría terminar con la discriminación hacia las mujeres de Morelos en situación de pobreza, indígenas o sin estudio, entre otras.

En primera instancia se propone reformar al primer párrafo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado y el primer párrafo del artículo 115 del Código Penal para el Estado de Morelos, "para que deje de considerarse como un delito la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, la intención del suscrito es proteger el derecho de la mujer embarazada para decidir si suspende o no su embarazo antes de las 12 semanas de gestación sin ser sancionada, cuando así lo considere conveniente de acuerdo a su plan de vida, cuando el producto de la concepción tenga daños físicos o mentales causados por alteraciones genéticas o congénitas que le impidan sobrevivir por sí mismo, o bien, ser madre de un niño con tales características, sea producto de los delitos de violación o inseminación artificial sin su consentimiento, derecho de la mujer embarazada cuyo ejercicio no depara perjuicios a nadie, ya que solamente beneficia o perjudica a ella y que se considera indiscutiblemente que debe garantizar de manera plena el Estado".

Otros argumentos de la iniciativa del diputado del PRD señala que el perfil de las mujeres que se realizan el procedimiento de interrupción del embarazo, "más del 5 por ciento, es decir, más de 6 mil eran menores de edad, mujeres que por su inmadurez y con toda una vida por delante decidieron interrumpir un embarazo que en esta etapa de sus vidas consideraron que no era posible cargar con tanta responsabilidad. Más del 50 por ciento contaba con estudios de preparatoria o superior, es decir, mujeres plenamente conscientes de la decisión que estaban tomando. También, más del 50 por ciento de las mujeres que recurrieron a ese procedimiento eran solteras, mismo porcentaje que realizaron el procedimiento antes de los dos meses, situación que permite que se realice mediante medicamentos, resultando menos traumático para las mujeres".

Por último, refiere la propuesta del legislador que sólo el 2.5 por ciento de las mujeres que recurrieron en una segunda ocasión a la interrupción del embarazo, es decir, a partir de ese episodio, fueron más responsables de su vida sexual y conscientes sobre lo que habían hecho, lo cual demuestra que dicho procedimiento no es visto por las mujeres como un método anticonceptivo más sino como una nueva oportunidad de llevar sus vidas responsablemente.