Austin, Texas— Este lunes Paternidad Planeada (Planned Parenthood) volvió a demandar a raíz de las medidas que los gobernadores republicanos han tomado a fin de bloquear los fondos de Medicaid para el prestador de servicios abortivos más grande del país, esta vez contra Texas, donde la organización asegura se encuentra en juego el acceso de 13 mil 500 mujeres a la atención a la salud.

La demanda presentada en Austin da comienzo a otro enfrentamiento legal entre Texas y los proveedores de servicios para abortar. Este mes, la Suprema Corte de Estados Unidos anunció que atraerá los argumentos en torno a una ley promulgada en el 2013 que según grupos defensores del derecho al aborto dejará en funcionamiento aproximadamente 10 clínicas de abortos alrededor del estado.

Ahora Paternidad Planeada está intentando conservar los reembolsos de Medicaid en las clínicas que tiene ubicadas en Texas, incluyendo donde no se realizan abortos. En octubre, funcionarios estatales tomaron medidas destinadas a bloquear el dinero, tras acusar a Paternidad Planeada de programar abortos de manera que mejor se obtengan tejidos fetales para las investigaciones médicas.

El Gobierno estatal hizo la acusación luego de que activistas opuestos al aborto dieron a conocer videos encubiertos donde aseguran se aprecian funcionarios de Paternidad Planeada comentando la venta ilegal con fines de lucro de tejidos fetales. Paternidad Planeada ha negado ambos alegatos.

Paternidad Planeada ha demandado asimismo por medidas similares efectuadas en Arkansas, Louisiana y Alabama. Hasta el momento, los tribunales federales han impedido a dichos estados retirar los fondos.

“No estamos cediendo, y no cerraremos nuestras puertas”, dijo la presidenta de Paternidad Planeada Cecile Richards.

Una portavoz del procurador general de Texas Ken Paxton no contestó de inmediato el recado en el cual se le pedían comentarios.

Cuando Texas anunció sus planes de bloquear los reembolsos de Medicaid para Paternidad Planeada, investigadores estatales de salud ejecutaron órdenes judiciales solicitando cientos de páginas de expedientes sobre pacientes y personal en las clínicas de todo el estado.

Paternidad Planeada dice ofrecer revisiones para detectar cáncer, pruebas de embarazo y otros exámenes físicos en 17 centros que se verían afectados por la pérdida de los fondos provenientes de Medicaid. Texas desea que Paternidad Planeada abandone a más tardar el 8 de diciembre el programa estatal de Medicaid.

Otras entidades con gobernadores republicanos han intentado debilitar financieramente a Paternidad Planeada por otros medios. El más reciente tuvo lugar en Oklahoma, cuya mandataria estatal Mary Fallin exhortó la semana pasada al proveedor de Medicaid en la entidad a cancelar sus contratos con dos afiliadas de Paternidad Planeada, mencionando lo que calificó como “un alto índice de errores en los cobros”.

Asimismo, el gobernador de Utah Gary Herbert tomó medidas con el propósito de retener los subsidios federales destinados a la educación sobre salud reproductiva y a exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual. También un juez federal bloqueó dichas medidas.

La prisa que los republicanos tienen por suspender los fondos se dio a raíz de que activistas antiaborto que se hicieron pasar por representantes de una empresa biomédica difundieron los videos a partir de mediados de julio. Pretendían negociar con empleados de Paternidad Planeada la adquisición de órganos fetales. Paternidad Planeada ha rechazado haber buscado pago alguno más allá del reembolso de los costos que se halla permitido legalmente.