Este lunes, organizaciones en defensa de los derechos humanos señalaron que las leyes de Irlanda del Norte y El Salvador sobre el aborto representan un atentado en contra de los derechos de las mujeres que necesitan poner fin a su embarazo por distinatas razones, como violaciones.

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Belfast, Irlanda del Norte impone la medida más severa de toda Europa por abortar, al castigar con cadena perpetua a la mujer y a la persona que le ayude.

Dicha condena también aplica cuando el embarazo es consecuencia de una violación, incesto o malformación fetal, sin embargo, la gestación se puede interrumpir cuando la vida de la madre está en riesgo.

De acuerdo con la Ley de aborto de 1967, la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta las 24 semanas de gestación en los territorios de Inglaterra, Gales y Escocia, no obstante, en Irlanda del Norte no aplica la misma normativa.

Debido a lo anterior la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC, por sus siglas en inglés), llevó el caso ante el tribunal superior, con el objetivo de extender el permiso para abortar a casos de seria malformación del feto, violación o incesto.

Por lo que este lunes, el juez del Tribunal Supremo Mark Horner determinó que las mujeres víctimas de delitos sexuales y los casos en los que el feto tiene anomalías fatales tienen derecho a una exención de la ley. Aún está pendiente si será necesaria una nueva legislación para dar cumplimiento al fallo.

Situación muy similar a la que se vive en El Salvador, por lo que Amnistía Internacional (AI) declaró que la legislación contra el aborto en este país tiene un efecto devastador en las vidas de decenas de niños y niñas cuyas madres, tras sufrir interrupciones espontáneos u otras emergencias obstétricas en el embarazo, permanecen entre rejas acusadas de haberse sometido a procesos ilegales.

“Cada vez que las autoridades de El Salvador encierran injustamente a una mujer por haber sufrido un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas con el embarazo, condenan también a sus hijos e hijas a una vida de pobreza y trauma”.

Mediante un informe, Astrid Valencia, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica, señala que la presunción de culpabilidad adoptada en El Salvador respecto a las mujeres que sufren complicaciones relacionadas con el embarazo ha costado decenas de vidas y enviado a mujeres a prisión para cumplir penas de hasta 40 años, lo que genera un ambiente de pánico entre médicos y pacientes, por lo que apunta que el país necesita cambiar la legislación.

La organización apunta que actualmente existen al menos 19 mujeres encarceladas en el contexto de la penalización total del aborto, declaradas culpables de delitos graves, como el homicidio, y condenadas a largas penas de prisión sobre la base de pruebas débiles o no concluyentes.

Además, de que la mayoría de esas mujeres eran el principal sostén económico de sus hogares, provocando que muchas familias terminen en condiciones económicas difíciles.

El Salvador prohíbe la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia y tipifica penas de cárcel para toda mujer y persona que realice, intente realizar o facilite la realización de un aborto.