El protocolo de actuación que marca la Secretaría de Educación para estos casos termina revictimizando a las infancias y adolescencias

El proyecto Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe aseguró que las 30 carpetas de investigación abiertas en la entidad, hasta la semana pasada, por abuso o agresión sexual en contra de menores revela un “patrón de impunidad generado por la propia autoridad educativa porque promueve las formas de actuar”.

Juan Martín Pérez García, director del proyecto, detalló que el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en Escuelas, de la Secretaría de Educación; es incorrecto, ilegal y deposita en los directivos de los planteles, públicos o privados, el proceso de la denuncia.

“Lleva a la revictimización de los niños y niñas víctimas, se repite el patrón de duda del testimonio, se busca proteger a personas adultas con jerarquía frente a niños y se trata de responsabilizar a las víctimas”, agregó.

En el caso del Colegio Americano de Saltillo, el experto señaló que el texto del primer comunicado emitido es inconstitucional.

“Es muy grave, el colegio no puede negar el derecho de libertad de expresión a la familia del niño víctima. Se protege el interés de la escuela haciendo un manejo perverso del debido proceso, el debido proceso es obligación de las autoridades e implica reservar la identidad de la persona víctima, implica no filtrar información que afecte el debido proceso de la persona detenida, pero la familia tiene que hablar y los estudiantes, tienen que hablar todo lo que necesiten hablar”, dijo.